El Consejo Provincial de Esmeraldas debe pagar 4 millones 560 mil 915,81 dólares a los trabajadores, de acuerdo con el dictamen del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Guayaquil, dentro de un proceso judicial iniciado hace tres años y medio.
El 24 de septiembre de 2009, una Acción Extraordinaria planteada por la Prefectura de Esmeraldas ante la Corte Constitucional, dejó sin efecto parcialmente la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje el 30 de abril del 2008, sobre la forma de liquidar los derechos y prestaciones de los trabajadores.
De esa manera se desactivó el embargo a las cuentas del Consejo Provincial; además, el Tribunal de Arbitraje debía reunirse para revisar pormenorizadamente el tema, determinándose el 23 de abril de 2010, el pago de la cantidad ante señalada.
Aclaración
La Prefectura de Esmeraldas planteó la ampliación y aclaración de la sentencia, la que fue negada y se ratificó el dictamen que obliga al pago de más de 4 millones de dólares a los trabajadores.
Ahora el tema está en la Inspectoría Provincial del Trabajo, y el inspector, Harry Velásquez Pólit, puso en conocimiento a las partes sobre la resolución, pidiéndose por parte de la defensa, el término de 48 horas para que se pague lo ordenado en sentencia.
En el primer embargo fueron descontados de las cuentas de la Prefectura de Esmeraldas 300 mil dólares por los trabajadores que denunciaron el no incremento salarial ordenado por la Senres.
De acuerdo con el abogado de los trabajadores, Sáenz Bennett Jhonson, hay un incumplimiento de sueldos y salarios desde 2010, horas extraordinarias y suplementarias, no se ha cumplido la antigüedad, así como el incumplimiento del contrato colectivo.
RELACIONES LABORALES ANALIZARÁ EL CASO
La prefecta Lucía Sosa Robinzón se reunió ayer con el ministro de Relaciones Laborales en Quito, al que se le hizo la exposición del problema, y serán ellos los que resuelvan de acuerdo con el Código del Trabajo, leyes y mandatos.
“Es injusto que se pretenda hacer un atraco al Gobierno Provincial por un grupo minúsculo de trabajadores, cuyos derechos nunca han estado en discusión y desde 2005 se les ha pagado de acuerdo con las leyes, mandatos y su contrato colectivo”, aseguró.
De esa manera calificó la reunión como positiva, porque de haberse dado el embargo a las cuentas, nadie podría haber cobrado sus sueldos, y una paralización institucional, de al menos seis meses.
“Una vez que el Ministerio de el dictamen correspondiente, se hará la liquidación según la Constitución, las leyes, mandatos y decretos vigentes”, explicó la Prefecta.
El 24 de septiembre de 2009, una Acción Extraordinaria planteada por la Prefectura de Esmeraldas ante la Corte Constitucional, dejó sin efecto parcialmente la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje el 30 de abril del 2008, sobre la forma de liquidar los derechos y prestaciones de los trabajadores.
De esa manera se desactivó el embargo a las cuentas del Consejo Provincial; además, el Tribunal de Arbitraje debía reunirse para revisar pormenorizadamente el tema, determinándose el 23 de abril de 2010, el pago de la cantidad ante señalada.
Aclaración
La Prefectura de Esmeraldas planteó la ampliación y aclaración de la sentencia, la que fue negada y se ratificó el dictamen que obliga al pago de más de 4 millones de dólares a los trabajadores.
Ahora el tema está en la Inspectoría Provincial del Trabajo, y el inspector, Harry Velásquez Pólit, puso en conocimiento a las partes sobre la resolución, pidiéndose por parte de la defensa, el término de 48 horas para que se pague lo ordenado en sentencia.
En el primer embargo fueron descontados de las cuentas de la Prefectura de Esmeraldas 300 mil dólares por los trabajadores que denunciaron el no incremento salarial ordenado por la Senres.
De acuerdo con el abogado de los trabajadores, Sáenz Bennett Jhonson, hay un incumplimiento de sueldos y salarios desde 2010, horas extraordinarias y suplementarias, no se ha cumplido la antigüedad, así como el incumplimiento del contrato colectivo.
RELACIONES LABORALES ANALIZARÁ EL CASO
La prefecta Lucía Sosa Robinzón se reunió ayer con el ministro de Relaciones Laborales en Quito, al que se le hizo la exposición del problema, y serán ellos los que resuelvan de acuerdo con el Código del Trabajo, leyes y mandatos.
“Es injusto que se pretenda hacer un atraco al Gobierno Provincial por un grupo minúsculo de trabajadores, cuyos derechos nunca han estado en discusión y desde 2005 se les ha pagado de acuerdo con las leyes, mandatos y su contrato colectivo”, aseguró.
De esa manera calificó la reunión como positiva, porque de haberse dado el embargo a las cuentas, nadie podría haber cobrado sus sueldos, y una paralización institucional, de al menos seis meses.
“Una vez que el Ministerio de el dictamen correspondiente, se hará la liquidación según la Constitución, las leyes, mandatos y decretos vigentes”, explicó la Prefecta.
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